El gobierno de Venezuela reanudó el martes sus esfuerzos por amordazar la libertad de expresión en el país sudamericano imponiendo una multa de $2.1 millones contra Globovisión, cuyos ejecutivos dijeron sería muy difícil de sobrellevar por el canal de noticias.
Pero el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, salió horas después en respaldo del medio de comunicación, diciendo que de ser necesario él garantizaba los recursos para pagar la sanción.
“No es con multas que nos van a cerrar”, declaró Zuloaga desde su exilio en Estados Unidos.
Ejecutivos del canal habían dicho previamente que la multa impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) podría provocar la quiebra del medio de comunicación, que ya enfrentaba una cadena de procesos judiciales presentados en su contra por el gobierno por la cobertura que realiza en el país petrolero.
“La imposición de una multa con esas características es absolutamente irrazonable, es absolutamente desproporcionada”, afirmó desde Caracas el consultor jurídico de Globovisión, Ricardo Antela, en una entrevista telefónica. “Pagar esa multa implicaría prácticamente una clausura operativa, porque el canal dejaría de ser viable económicamente”.
El ente regulador impuso la sanción alegando que el canal incurrió en la apología del delito e incitó zozobra en la ciudadanía a través de su cobertura de la crisis carcelaria que se produjo en junio en la cárcel de El Rodeo.
Al anunciar la medida, el director General de Conatel, Pedro Maldonado, añadió que la cobertura de Globovisión fomentó el “odio y la intolerancia por razones políticas”.
Al precisar las violaciones en las que incurrió la televisora, Maldonado afirmó que Globovisión durante cuatro días difundió “las 18 declaraciones más sentidas” de los familiares de los presos, y las repitió en “casi 300 oportunidades”, e incorporó elementos que “no formaban parte del audio original como ráfagas de metralletas”.
Asimismo, el directivo se quejó de que el canal no transmitió las declaraciones que ofrecieron altos funcionarios sólo a medios estatales “con la regularidad que ellas se produjeron”.
No obstante, Antela defendió la cobertura del canal, diciendo que el centro penitenciario había sido tomado militarmente por el gobierno y que soldados habían obstaculizado el acceso a los medios independientes.
“Durante los primeros seis días de la crisis, el gobierno no ofreció ninguna declaración, ni siquiera a los medios oficiales. La única información que se tenía eran las denuncias que daban las madres y otros parientes de los reclusos en base a los mensajes que recibían de sus familiares”, explicó Antela.
“No fue sino hasta el séptimo día que el ministro del Interior ofreció su primera declaración, incluso le pidió disculpas a la ciudadanía por no poder ofrecer información. Pero dos días después se nos abrió este proceso en Conatel, bajo acusación de que había una línea editorial destinada a manipular la información real y hacerle creer a los venezolanos, que había una crisis penitenciaria de grandes proporciones”, comentó.
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